México debe repensar la captura de los capos del narcotráfico

 

En esta foto de archivo del 22 de febrero de 2014, Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, es escoltado a un helicóptero en Ciudad de México luego de su captura en México. (AP Photo/Eduardo Verdugo, File)
Ricardo Márquez Blas es analista y consultor. Extitular del Centro Nacional de Información y de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de México.


La estrategia de detención de capos de cárteles del narcotráfico no parece gozar de buena reputación en el actual gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que prefiere una política de “abrazos, no balazos”. Pero ante la difícil situación por la que atraviesa la seguridad pública y los recientes compromisos asumidos con Estados Unidos, ha llegado el tiempo de cambiar la estrategia: hay que sacar a los capos de su zona de confort, detenerlos y llevarlos ante la justicia.

La violencia letal se encuentra estancada en los niveles más altos de la historia contemporánea del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2018 se registraron 36,685 homicidios; en 2019, 36,661; y en 2020, 36,773. La Secretaría de Salud estima que al cierre de 2021 los homicidios sumarán 36,865. El crimen organizado, particularmente aquel dedicado al narcotráfico, es la principal fuente de la violencia letal e inseguridad.





El mismo López Obrador ha dicho que 75% de los homicidios están vinculados al crimen organizado. En algunos de los estados más violentos del país, como Guanajuato y Zacatecas, los gobiernos locales afirman que tal proporción alcanza hasta 90%. El Comando Norte de Estados Unidos estima que el crimen organizado predomina aproximadamente entre 30 y 35% del territorio nacional. A nivel internacional, el Índice Global de Crimen Organizado ubica a México en el cuarto lugar, solo detrás del Congo, Colombia y Myanmar.


Esta claridad que tanto a nivel nacional como internacional se tiene sobre el papel determinante que juega el crimen organizado en la violencia e inseguridad, contrasta con la ausencia de estrategias específicas para contrarrestar las actividades de los principales cárteles del narcotráfico. Y, sobre todo, con los más de 225 capos y lugartenientes detenidos en las dos anteriores administraciones, así como con la frustración y sensación de derrota que dejó la fallida captura de Ovidio “El Ratón” Guzmán López en octubre de 2019.


Esto podría cambiar en el futuro cercano. En la reunión que generó el documento Entendimiento Bicentenario, que redefine la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad, se consideró como de interés para la seguridad nacional de ambos países detener las actividades de grupos criminales que trafican armas y drogas, así como focalizar esfuerzos en llevar ante la justicia a facilitadores y actores de la violencia. En términos prácticos, es imposible cumplir con estos compromisos sin acciones concretas contra los cárteles del narcotráfico y sus respectivos líderes.




La estrategia de detención y neutralización de capos está entre las opciones viables para cumplir con esos compromisos, pero permanece la idea de que resulta contraproducente. Sus detractores señalan que, además de propiciar el incremento de la violencia letal entre cárteles y al interior de ellos, también genera otros efectos adversos no previstos, como el incremento de secuestros y extorsiones.


Si bien es posible identificar casos en los que así ha sucedido, también hay otros en los que la detención de capos no ha desatado una espiral de violencia homicida y, por el contrario, ha propiciado reducciones significativas y tendencias a la baja en la violencia, así como la desarticulación e inhabilitación funcional de grupos criminales.



Por ejemplo, la detención en agosto de 2006 de quien entonces encabezaba el poderoso Cártel de Tijuana, Francisco Javier “El Tigrillo” Arellano Félix —junto con dos de sus más importantes lugartenientes—, no generó una espiral de violencia. Antes de esas detenciones, de enero a julio, el promedio mensual de carpetas de investigación por homicidio doloso en Tijuana fue de 25.4; después, de agosto de 2006 a febrero de 2007, fue de 26.4. Los homicidios se mantuvieron en el mismo nivel, pero había un capo y un par de lugartenientes tras las rejas.




En enero y febrero de 2010, en pleno auge de la disputa entre cárteles del narcotráfico por el control de esa misma ciudad, detenciones sucesivas de líderes y lugartenientes de la organización criminal encabezada por Teodoro “El Teo” García Simental, propiciaron una rápida y clara tendencia a la baja en los niveles de violencia letal.


Con estas detenciones, los 98 homicidios que hubo en diciembre de 2009 y 99 en enero de 2010, bajaron a 51 en febrero (-48.5%) y 57 en marzo (-42.4%). A partir de entonces se presentó una significativa tendencia a la baja en la violencia homicida que se prolongaría hasta agosto de 2012, cuando se registraron solo 20 homicidios.


Las detenciones de líderes y lugartenientes resultaron eficaces tanto para reducir los niveles de violencia letal como para inhabilitar funcionalmente a la organización criminal, de la cual solo quedaron algunos remanentes, desarticulados y dispersos. Esta nunca más pudo recuperar las capacidades operativas y de fuego que en un tiempo le permitieron disputar la ciudad al poderoso Cártel de los Arellano Félix.




Casos como estos invitan a reconsiderar seriamente la viabilidad y conveniencia de la estrategia de detención y neutralización de capos del narcotráfico. Continuar como hasta ahora significa preservar inalteradas las capacidades del crimen organizado para generar al menos 75% de la violencia letal que se registra en el país; y, sobre todo, significa condenar a los mexicanos a que en los años por venir continúen padeciendo niveles de violencia tan altos como inaceptables.
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