¡ Mi Matamoros herido !



Matamoros, Tamaulipas, fue recientemente noticia nacional por las balaceras que se desataron en su territorio. 

La detonación de armas de fuego de alto calibre en diferentes puntos de la ciudad, las sirenas de patrullas y ambulancias, el rechinar de llantas de vehículos de civiles e incluso el zumbido de un helicóptero de la Armada de México son parte del paisaje sonoro. No es novedad que la ciudad es casa del Cártel del Golfo (CDG) y que esto implica enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas del Estado. Sin embargo éstos enfrentamientos deben comprenderse, por un lado, en el marco de rupturas y reacomodos criminales en la región fronteriza y, por otro, como parte de luchas por el poder político en Tamaulipas.



Ilustración: Estelí Meza


En general, las balaceras en Tamaulipas son una expresión de hiperviolencia que tomó auge en la región con el surgimiento de Los Zetas como brazo armado del CDG. Las cosas, sin embargo, empeoraron profundamente en enero de 2010, cuando los Zetas se emanciparon del cártel debido al asesinato de Víctor Peña (“el Concord 3”, un sicario zeta en Reynosa) a manos de Samuel Flores (“el Metro 3”, operador del CDG en aquella ciudad). A partir de ese momento el CDG se fracturó en grupos como Los Metros en Reynosa, Los Ciclones en Río Bravo o Los Escorpiones en Matamoros y Nuevo Progreso. Desde entonces estos grupos se han enfrentado entre sí, contra otros grupos criminales como el Cártel del Noreste y contra las Fuerzas Armadas.

Como ejemplo de los enfrentamientos internos del CDG, en junio del presente año Los Ciclones y Los Escorpiones incursionaron en Reynosa y asesinaron a 19 personas —elegidas presuntamente al azar— para generar terror entre la población y “calentarle la plaza” a Los Metros. Posteriormente, a fines de agosto, fue detenido en Matamoros Oscar Antonio López, alias “Droga” o “Ciclón 89”: un líder local del CDG acusado de participar en la masacre de Reynosa. Casualmente, durante la balacera del 22 de octubre en esta ciudad, las autoridades reportaron el deceso de Ariel Treviño, alias “El Tigre”, el líder de Los Escorpiones en Nuevo Progreso y uno de los diez objetivos criminales que el Gobierno de Tamaulipas y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos definieron en octubre de 2019 en el marco de una campaña para la seguridad y la prosperidad.


Y es que si bien Matamoros en particular y la frontera de Tamaulipas en general son importantes para el CDG, también lo son para personajes políticos que han sido acusados de delitos federales o de tener nexos criminales. Aunque una gobernanza criminal caracterizada por vínculos entre ex-gobernadores y organizaciones delictivas se había hecho patente en la región desde los años noventa, el asunto pasó al centro de la discusión pública en mayo de 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) procedió contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, solicitando su desafuero. La relación de este hecho con las balaceras recientes en la ciudad podría parecer a primera vista espuria, hasta que se desentrañan algunos intereses de control territorial. En enero de 2012, un testigo protegido en Estados Unidos que declaró contra el exgobernador priísta de Tamaulipas Tomás Yárrington por sus vínculos con el narco, también afirmó que el CDG financió la campaña de García Cabeza de Vaca en 2004, cuando éste contendió por la alcaldía de Reynosa. Así, según dijo el testigo, el alcalde estaría a las órdenes del gobernador y, por lo tanto, del CDG. Eran los tiempos de Osiel Cárdenas y la hegemonía del cártel se mantuvo hasta el 2005, cuando éste fue extraditado a Estados Unidos y García Cabeza de Vaca concluyó su administración.

Después vendría la fragmentación del CDG en diferentes grupos, como los arriba señalados, pero también la alternancia política en Tamaulipas. En 2016, Cabeza de Vaca fue electo gobernador, el primero proveniente de un partido distinto al PRI. Sin embargo, un año después, el blog Valor Tamaulipeco señaló que el mandatario estatal protegía por medio de su policía a Petronilo Moreno, alias “el Panilo”: el líder de una facción del CDG en Reynosa y primo del diputado panista, Jesús María Moreno, allegado al gobernador.

En septiembre de 2020, el Gobierno de Tamaulipas asumió el mando operativo, administrativo y financiero de la Policía de Matamoros —que supuestamente había sido infiltrada por el crimen organizado— para “restablecer el orden público y depurar la corporación”. Ello suscitó una serie de bloqueos por parte de transportistas, así como la presencia en la ciudad del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES). Un mes después, los medios publicaron que el alcalde del municipio, Mario López, supuestamente tenía en la nómina de seguridad pública a Evaristo Cruz , alias “el Vaquero”, un ex-líder del CDG.

En 2021 la geografía partidista se renovó con diez alcaldes del Partido del Trabajo (PT) y Morena, entre ellos nuevamente el de Matamoros, quien hace poco hizo público su interés en registrarse como el candidato de su partido a la gubernatura de Tamaulipas en el año 2022. Tras bambalinas, esto incomodó al Gobierno del Estado, debido a la competencia política que podría representar para César Verástegui, actual Secretario General de Gobierno, quien también aspira a la gubernatura, y a quien los empresarios de Matamoros criticaron hace poco por rechazar una invitación para hablar de las balaceras en la ciudad.

Según el colectivo Anonymous, durante la campaña de Cabeza de Vaca a la gubernatura, Verástegui tenía vínculos con un operador financiero del cártel de Los Zetas. Para el blog Valor Tamaulipeco, Verástegui es el plan “A” del gobernador en caso de desafuero, mientras que su plan “B” ante el alcalde de Matamoros, según otros medios, es su cuñado: el ex delegado de la 4T en Tamaulipas y actual líder de Morena en la entidad, José Ramón Gómez, quien también declaró su interés la gubernatura, a pesar de que hace poco uno de sus ex-operadores políticos fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la FGR como presunto responsable de “contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita” en la aduana de Reynosa.

Explicar las balaceras en Matamoros es complejo. A pesar de ser una ciudad con poco más de medio millón de habitantes y con desarrollo maquilador, sigue siendo una ciudad fronteriza clave para grupos criminales —ya sea para el tráfico de drogas, de migrantes o de armas— y para políticos relacionados con dichos grupos. Mi Matamoros querido es una ciudad herida por balas, pero también por grupos e intereses de poder.
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